La comunidad hispana se mantiene a la espera de los próximos anuncios de la Casa Blanca, especialmente del Congreso, en relación al futuro del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
Desde que el presidente Donald Trump decidió eliminar el programa, el 5 de septiembre de este año, el tema ha estado en la palestra pública y los más de 800.000 beneficiarios de DACA se mantienen en vilo por el temor a ser deportados de Estados Unidos.
En lo que respecta a Tennessee el fiscal general, Herbert Slatery, se había manifestado a favor de la derogación de la que fue una de las iniciativas más aplaudidas por los latinos durante la presidencia de Barack Obama.
Sin embargo, luego de evaluar el lado humano de DACA cambió de parecer drásticamente y echó para atrás una demanda en contra del programa, reconociendo los aportes que los beneficiarios pueden dejar al país. “Muchos de los receptores de DACA, algunos de cuyos registros he revisado, tienen logros sobresalientes y ambiciones loables que, si se logran, serán de gran beneficio y servicio a nuestro país, y ellos aprecian las oportunidades que nos brinda nuestro país”, fueron algunas de las declaraciones públicas que ofreció el fiscal.
Sorpresivamente Slatery instó a los senadores del partido republicano de su estado a apoyar el otorgamiento de un estatus legal permanente a los amparados por DACA.
No es la primera vez que el gobierno de Tennessee se muestra abierto a esta política, recordemos que en abril de 2015 el senado de este estado aprobó un proyecto de ley para que los jóvenes pudieran pagar el costo de las matrículas universitarias al mismo precio que lo haría un residente, ya que para los indocumentados el pago se eleva hasta tres veces más, sin importar que tengan toda una vida viviendo en Tennessee.
La postura radical de Trump y de otros republicanos de revocar el programa DACA se fundamenta no solo en el hecho de que hay personas indocumentadas en el país, sino que además están ocupando puestos de trabajo que podrían ser de ciudadanos americanos.
Seis meses para una decisión
DACA es un programa que ampara a las personas que ingresaron al territorio de los Estados Unidos antes de haber cumplido 16 años de edad, a quienes se les ha denominado “dreamers”.
Se trata de una política que protege a los hispanos que eran apenas unos niños cuando llegaron al país. DACA no solo evita que los dreamers sean deportados, sino que también les permite obtener un permiso temporal de trabajo, licencia de conducir y obtener un número de seguro social.
Ahora el estatus legal de los hispanos después de la medida anunciada por el presidente Trump está en manos del Congreso, que tiene hasta el 5 de marzo del 2018 para tomar una decisión definitiva sobre el tema, pues solo con la aprobación de una ley se podría dar protección a los miembros del programa. No es un asunto fácil de resolver, teniendo en cuenta que los republicanos han luchado desde hace años por la aprobación de una reforma migratoria.
Mientras pasan los meses crece el suspenso en los dreamers. Estados Unidos es para ellos el único país que conocen, llegaron aquí siendo unos niños por lo que se consideran inocentes de todo este enredo legal en el que están sumidos.
En Tennessee al menos 8.000 personas han usado DACA para trabajar y vivir legalmente. En ciudades como Nashville se realizaron movilizaciones en defensa del programa, las cuales quizá resonaron en la conciencia del fiscal general motivándolo a reconsiderar la demanda.
Los hispanos son una fuerza laboral importante, no solo en Tennessee sino en el resto del país, donde han podido desarrollarse profesionalmente y dejar un aporte a la nación. De acuerdo con un estudio del Centro de Negocios y Economía de la Universidad de Tennessee, el estado tiene la tercera comunidad hispana de mayor crecimiento en el país y al menos la mitad son nacidos aquí.
Pero independientemente de lo dicho hasta ahora sobre DACA, los hispanos cuentan con el apoyo de ciertos sectores. Un ejemplo de ello es el Sistema Escolar del Condado de Clarksville-Montgomery (CMCSS), que continuará comprometido con la educación de todos sus estudiantes sean o no indocumentados.
“CMCSS no trata a los estudiantes de manera diferente, independientemente de si los niños están documentados o no documentados y no lleva un registro de su estatus legal o documentos de ciudadanía al registrarse o en cualquier momento durante su matrícula”.
Si quieres saber más sobre este tema no te pierdas la tercera edición de Hispanos Emprendedores.
Fuentes consultadas:
